Nuestra clienta, hermana de un ciudadano de los EE. UU., esperó más de doce años para que llegara su fecha de prioridad y finalmente presentar su solicitud para la residencia permanente. Sin embargo, USCIS rechazó la solicitud para la residencia debido a que nuestra clienta tenía una orden de deportación pendiente, de la cual ella no tenía conocimiento. La orden de deportación entró en vigor cuando nuestra clienta no salió de los Estados Unidos después de que se le otorgó una salida voluntaria hace más de veinte años. Después de obtener su expediente completo de inmigración, descubirmos que el juez de inmigración no le dio a nuestra clienta un aviso adecuado de las sanciones por quedarse después del plazo otorgado para una salida voluntaria. Pudimos utilizar este error, junto con el hecho de que nuestra clienta ya tenía una visa disponible, basada en la petición de su hermana, para pedirle al abogado del gobierno que se uniera a nosotros en una moción para reabrir el proceso de deportación y cancelar la orden. La moción conjunta fue aprobada y nuestra clienta pudo volver a solicitar la residencia permanente.